IGNACIO ESCOLAR - AGENCIAS
España ha sido el único país que se ha opuesto a esta polémica propuesta que permitirá patentar programas informáticos del mismo modo que hoy se protegen otros inventos. Esta nueva directiva tendrá que pasar aún una segunda votación en el Parlamento Europeo y cuenta con el apoyo de las grandes compañías informáticas y el rechazo de los defensores del software libre.
En Estados Unidos se pueden patentar los avances informáticos. Amazon.com, por ejemplo, tiene la patente de la compra en Internet con un solo clic y, si alguien quiere montar una tienda online en la que baste con un único paso para llenar el carrito, tiene que pagar al dueño de la patente. ¿Qué es una patente? Un monopolio: el estado otorga a una empresa la explotación en exclusiva de un invento durante un determinado periodo de años como recompensa por la inversión necesaria para desarrollarlo. El dueño de ese monopolio puede decidir si cobra por él o incluso si lo explota sin competencia, negando el invento a otros.
En Europa, de momento, el modelo es distinto. Aunque el sistema de patentes funciona para la industria, el software sólo se protege mediante copyright, como una idea, como los libros o la música: no se puede copiar pero alguien puede inspirarse en una obra anterior para crear algo nuevo.
Sin embargo, las grandes multinacionales de la informática están muy interesadas en que la legislación europea cambie para que el software, como los inventos industriales, se regule por el sistema de patentes. Grandes compañías estadounidenses, como Microsoft, o europeas, como Nokia, son los principales apoyos de este cambio legal. Ya llevan varios años patentando todo lo posible y, en caso de que se armonicen las legislaciones, tienen muchos monopolios ganados.
Hace unos años, aprovecharon la necesaria unificación de legislaciones de patentes de los distintos países de la UE para intentar colar, de tapadillo, una ley que, sin decirlo, permitía patentar los avances informáticos. La propuesta inicial partió de la Organización Europea de Patentes, un organismo interesado en que existan cuantas más patentes mejor pues su negocio consiste en comprobar y cotejar cada una que llega. Sin embargo, la oposición de los defensores del software libre, de Linux –que llegaron a manifestarse en Bruselas– consiguió parar la nueva ley que hoy vuelve a resurgir.
De aprobarse la directiva europea, el negocio para las oficinas de patentes sería fastuoso. Cualquier empresa informática que desarrollase un nuevo software tendría que chequear su código con más de 30.000 patentes informáticas que ya están presentadas... y pagar o retirar las que incumpla. Entre las patentes más absurdas está incluso la del hiperenlace. Según los críticos con la nueva directiva, se podría llegar al absurdo de tener que pagar cada vez que una web enlaza a otra.
Según algunos cálculos, el coste de los desarrollos informáticos de las empresas europeas crecería hasta un 18%. Patentar los programas informáticos también pondría en serio peligro de supervivencia al software libre. Como su código fuente es público, sería más sencillo encontrar patentes en él. Además, la burocracia necesaria haría imposible a los pequeños desarrolladores de software protegerse frente a las grandes compañías.
Nueva votación
A pesar de que la propuesta legal ha sido varias veces rechazada, regresa de nuevo al Parlamento Europeo, aunque no está claro que consiga su visto bueno definitivo. El Consejo había llegado a un principio de acuerdo sobre el texto en mayo de 2004, con el voto en contra de España, la abstención de Italia, Austria y Bélgica, y el respaldo del resto, por lo que hoy se trataba sólo de formalizar dicho acuerdo.
Sin embargo, las delegaciones de Polonia, Dinamarca, Holanda, Hungría, Letonia y Chipre, que habían apoyado el acuerdo de mayo, lo ratificaron hoy por razones de procedimiento, pero anunciaron que harán declaraciones individuales para especificar su posición actual sobre la conflictiva directiva, según explicó el ministro luxemburgués de Economía y presidente de turno del Consejo, Jeannot Krecké.
Los ministros de Portugal, Polonia y Dinamarca reclamaron incluso la reapertura del debate sobre el texto, pese a que la cuestión figuraba en la agenda del Consejo como "punto a", denominación que reciben los asuntos que son sometidos a aprobación sin discusión de fondo.
La presidencia luxemburguesa se negó por "razones institucionales", para "no sentar un precedente" que a su juicio habría causado más retraso en la ya larga tramitación y "puesto en cuestión el procedimiento mismo", apuntó Krecké.
La Comisión Europea, autora de la iniciativa, sostiene que el texto es suficientemente claro para evitar toda deriva hacia la patentabilidad de programas informáticos que no aporten ninguna contribución técnica. Sin embargo, partidarios del uso libre del software denuncian que podría servir de base legal para que grandes empresas como Microsoft, Nokia, Ericsson o Alcatel blinden mediante patentes el uso de algoritmos o fórmulas informáticas, hasta ahora sólo sujetas al pago de derechos de copia.
La larga historia de una polémica ley
La propuesta, planteada por el anterior comisario de Mercado Interior Frits Bolkestein, fue revisada en primera lectura por el pleno de la Eurocámara en septiembre de 2003, que incluyó una enmienda por la que se excluía expresamente la posibilidad de patentar programas informáticos como tales.
El Consejo de Ministros rebajó la capacidad vinculante de la enmienda en el principio de acuerdo sobre el texto que alcanzó en mayo, con el voto en contra de España, y la abstención de Bélgica, Italia y Austria, y que fue hoy ratificado.
La directiva queda ahora pendiente de la segunda lectura en el Parlamento Europeo, que ya se ha mostrado crítico con la propuesta.
De hecho, el pasado 17 de febrero, y tras una demanda de la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos, los presidentes de grupos políticos de la Eurocámara pidieron a la CE que retirase el texto actual y reiniciase todo el proceso de tramitación.
El actual comisario de Mercado Interior, el irlandés Charlie McCreevy, no atendió la solicitud aduciendo la conveniencia de que el Consejo de Ministros se pronunciase sobre el texto que ya está en tramitación.
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