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Esta mañana he tenido el placer de compartir mesa con representantes de la AEAT, del mundo jurídico y del técnico en torno al I Congreso Nacional Ley Antifraude y VERI*FACTU organizado por Luis Vilanova Blanco.

La AEAT ha hecho público que en breve una nueva normativa flexibilizará las opciones para los fabricantes de software que podrán volver a ofrecer software homologado y no homologado, bajo determinadas circunstancias durante 2026.

Esa misma norma también facilitará que los usuarios pueden elegir, bajo su responsabilidad, usar software no homologado también durante 2026, una marcha atrás para aquellos que ya estaban en el cumplimiento que hasta ahora no estaba prevista.

No tengo muchos más detalles que compartir y habrá que estar al texto que se publique para ver los detalles y la letra pequeña, pero comparto mi opinión una vez más.

En origen la Ley Antifraude, su reglamento y la orden no me parecieron mal, sino todo lo contrario, más alla de preguntarme públicamente si no habría sido más práctico haber bajado el umbral mínimo del SII, en vez de montar algo nuevo, a sabiendas de que ViDA nos va a llevar por otro camino a medio plazo. Esto habría facilitado mucho la transición porque en general todos los fabricantes de software estaban sobradamente preparados y la AEAT seguro que también.

Tras los episodios que comenzaron el 2 de diciembre con el anuncio sorpresivo del Presidente del Gobierno sobre el aplazamiento, la publicación el día 3 del Real Decreto-ley 15/2025, el impasse hasta la convalidación del Real Decreto-ley el día 11 de diciembre, el problema generado a aquellos que se subieron al carro del SII por no subirse al de Verifactu y que no podían darse de baja porque la declaración censal 036 estaba fuera de plazo, a los que posteriormente se habilitó un periodo especial por el Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre que solo estuvo en vigor hasta el día 28 de enero en que el Congreso no lo convalidó. A raíz de esto el Gobierno aprobó en Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, otra prorroga extraordinaria hasta el día 16 de febrero, y ahora con lo que se nos venga encima por este anuncio de la AEAT que supongo estará vinculado a que el Congreso aprobó que se tramitase el Real Decreto-ley 15/2025 como Ley con carácter de urgencia, si ya exprese que la seguridad jurídica había muerto, ahora confirmo que no solo está muerta sino enterrada.

Los fabricantes de software de facturación, profesionales del derecho y posiblemente los funcionarios de hacienda rogamos una oración por su alma.

Descanse en paz y brille para ella la luz eterna.
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